La lucha por los Derechos Humanos encabezada por Madres, Abuelas y familiares de desaparecidxs y con un alto consenso y acompañamiento de la sociedad se ha basado todos estos años en Memoria, Verdad y Justicia. Se ha insistido sistemáticamente en la reparación que sólo la Justicia puede dar. Desde el 2003, fue, además, una política de Estado para afirmar que en la Argentina decimos Nunca Más al Terrorismo de Estado. A pesar de todos los esfuerzos aún quedan muchas causas abiertas, los responsables civiles sin procesar, nietos y nietas por encontrar. Y en este contexto, la Corte Suprema dice “hasta acá llegamos”.
La primera reflexión tiene que ver con la concepción de Derechos Humanos que sostenemos y que vemos cómo se tergiversa con el único fin de confundir y sacar ventaja, como este caso. Cuando hablamos que “todos” tenemos acceso a la protección de los DDHH es una verdad relativa. No aplica siempre. No son cualquier derecho. Los Derechos Humanos existen para proteger a los y las ciudadanas de los abusos que el Estado pueda cometer contra ellos. La sociedad le otorga al Estado el poder de administrar políticas, el monopolio del uso de la fuerza, el de arbitrar justicia, etc. cualquier abuso de ese poder sobre personas comunes se entiende que el Estado viola los DDHH, porque ellas no tienen manera de contrarrestar ese poder.
Es decir, los Derechos Humanos cuidan a las personas de posibles victimarios, de abusos, violaciones ejercidas por el propio Estado, no son delitos entre particulares. Entonces, cuando escuchamos que los represores también tienen derechos humanos es una falacia. Los miembros de las Fuerzas Armadas cumplen condenas y están procesados porque entre 1976 y 1983 fueron parte de un Estado que abusó del poder que ejercía cometiendo delitos de Lesa Humanidad. Podrían haber devuelto los bebes nacidos en cautiverio a sus familias, juzgar a los miembros de las organizaciones armadas, entre otras muchas cosas, pero no, hubo Terrorismo de Estado, y así la sociedad perdió toda garantía. Por eso, es claro que no es justicia el 2x1, estaban del otro lado del mostrador, tenían el poder de hacer lo que hicieron, los DDHH no son para ellos sino para sus víctimas.
La segunda reflexión, asoma como preocupación, ¿nos merecemos esto? ¿Cómo es posible que volvamos al país del miedo? Hace un tiempo Videla moría en la cárcel común y no encontraban cementerio que recibiera su cuerpo. La sanción social de estos actos daba la tranquilidad de que no sería fácil que se repitiera la historia. Lo ejemplificador de las condenas, la visibilidad pública de los procesos, nos fortalecía en la sensación de un avance lento pero seguro de la justicia. El 2x1 pone a los represores en la calle más pronto, degrada las sanciones, los enfrenta a testigos, liquida las esperanzas.
La tercera reflexión surge como necesidad, tenemos que entender qué está pasando. Esto no se da en forma aislada y por qué sí. El gobierno actual viene haciendo denodados esfuerzos por revertir el sentido común en este tema. Negar los 30.000. No realizar actos oficiales el 24 de Marzo. Integrar a la Corte Suprema a dos de los miembros que votaron a favor y arreglar una disputa con la tercera jueza dan cuenta que el 2x1 era esperado. No se quiere que se siga avanzando para no llegar a los responsables civiles del genocidio, quienes efectivamente se enriquecieron haciendo negocios con la dictadura mientras los centros clandestinos de detención se llenaban de compañeros y compañeras que militaban por la justicia social.
Porque vienen por nuestros derechos tenemos que seguir trabajando incansablemente como nos enseñaron las Madres y las Abuelas, para sostener una Argentina donde la justicia se haga cargo de proteger a las personas de a pie y no a los poderosos de siempre.
Por eso este 10 de Mayo volvemos a marchar y hacerle saber a la Corte Suprema de Justicia que su fallo ha sido aberrante y la lucha por los derechos humanos está más viva que nunca.
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