Multisectorial por un
Hábitat Digno de la Provincia de Buenos Aires /
A dos años de
gobierno, la política de hábitat de la Provincia de Buenos Aires sigue sin
rumbo y sin gestión.
La Plata | 30
enero 2018
Las organizaciones abajo
firmantes hemos decidido conformar la Multisectorial por un Hábitat Digno
profundamente preocupadas por el nivel de deterioro que tiene actualmente la
política de tierras, vivienda y urbanismo en la Provincia de Buenos Aires. En
los últimos dos años hemos sufrido tres cambios de autoridades y,
consecuentemente, de rumbo de la estrategia y de las acciones. En ninguno de
ellos el gobierno ha podido dar una explicación razonable, rigurosa y clara ni de
los motivos ni de las consecuencias de estos vaivenes. La caracterización de la
gestión en estos meses muestra un abanico de coyunturas que van desde la
consolidación del negocio sectorial de los grupos inmobiliarios concentrados en
el área de urbanismo a la incapacidad demostrada en la gestión del suelo y en
la construcción de vivienda social. Cada decisión y cada cambio, lejos de
mejorar la situación, han significado retrocesos permanentes en las urgentes
respuestas que reclama el drama de la precariedad y la informalidad urbana y
habitacional bonaerense. Frente a esto, queremos resaltar el compromiso de los trabajadores de la recientemente
disuelta Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda y,
especialmente, de la Dirección de Acceso Justo al Hábitat que a pesar de todo
han mantenido su inquebrantable voluntad de trabajo.
A fin de diciembre de 2017 se
llevó a cabo una nueva modificación que en el marco de la más absoluta
improvisación, y bajo el discurso de la búsqueda de eficiencia, fracturó en
tres partes la política de hábitat a través de la sanción de una nueva ley de
ministerios. En dicha oportunidad, esta grave decisión fue claramente señalada
y criticada por el Consejo de Vivienda y Hábitat que es el órgano pluri actoral
de consulta creado por la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat a efectos de
asesorar sobre las políticas y programas en el marco de dicha norma. La mayoría
de las organizaciones integrantes del Consejo tienen más de 25 años de
experiencia en trabajo territorial, en la implementación de programas de hábitat
y en la defensa de los derechos colectivos. Sin embargo nunca fueron
consultadas para diseñar los cambios. Las políticas deficientes siempre se
diseñan en las sombras de la burocracia y con argumentos de marketing, pero los
desastres de su implementación los pagan las familias más pobres y no tienen
nunca caras ni nombres responsables.
Cuando hablamos de improvisación en
estos últimos cambios, queremos dar cuenta de la grave situación actual en la cual
se desconocen los roles, las funciones y la estructura que tendrá cada
dependencia. Hace más de un mes que en la ex Subsecretaría responsable no hay
firma autorizada lo cual tiene como consecuencia la parálisis en la ejecución
de aquellas políticas que tienden a la igualdad, mientras que se aceleran
aquellas que benefician a sectores concentrados
inmobiliarios como empresariales. Esta parálisis se extiende también a
los programas nacionales y provinciales cuya ejecución depende del Instituto de
la Vivienda provincial a través de organizaciones cooperativas y sociales, con
un círculo vicioso de desocupación y viviendas sin terminar.
Es muy importante que la
población sepa claramente que en la actualidad reina el más absoluto
desconcierto en todas las dependencias oficiales relacionadas con las políticas
de hábitat.
Cuando
hablamos de fractura, advertimos el desmembramiento de la política urbano
habitacional en tres carteras, originado en la nueva estructura ministerial, y
que supone fragmentar la intervención pública sobre un problema que sólo puede
ser abordado eficientemente desde una perspectiva integral. La
problemática del hábitat, como parte de la reproducción de la desigualdad
socioterritorial, debe ser entendida como resultado de la combinación entre dos
factores estructurales: el funcionamiento excluyente de los mercados de suelo y
un conjunto de políticas públicas completamente inadecuadas. Por lo tanto, la informalidad dominial, la precariedad de las
viviendas, el déficit de los servicios urbanos, los loteos informales, los
altos precios del suelo, son fenómenos articulados entre sí. Una política
territorial y habitacional efectiva debe diseñar acciones que, en sus
intervenciones, den cuenta de esta complejidad.
La
última modificación ministerial debilita la aplicación plena y vigorosa de la Ley
de Acceso Justo al Hábitat, una herramienta indispensable para abordar la
situación habitacional de la provincia, que ha sido reconocida
internacionalmente como una política pública innovadora. Esta ley receptó
una serie de demandas históricas propuestas por distintas organizaciones que
venían trabajando la problemática del acceso a la tierra y a la vivienda. Y
ante la mora en su aplicación fueron las mismas organizaciones las que a través
de sus representantes convocaron a un Cabildo Abierto masivo cuya consecuencia
fue la constitución del Consejo Provincial de Acceso Justo al Hábitat.
En síntesis, el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires ha desatendido la opinión del Consejo de Hábitat y
Vivienda, ha improvisado sucesivamente en relación a la implementación de las
políticas urbano habitacionales, ha fracturado la autoridad de aplicación de la
Ley de Acceso Justo al Hábitat y, como resultado de esto, se encuentra en clara
violación a sus obligaciones como garante de las políticas para la satisfacción
progresiva del derecho a la vivienda de los bonaerenses.
Por todo ello, las organizaciones
que conformamos la Multisectorial por un Hábitat Digno exigimos:
1. El gobierno provincial debe entender que el
derecho a un hábitat digno es un derecho humano. Por lo tanto debe diseñar y
poner en marcha un modelo de política participativo que tenga una comprensión y
un abordaje integral de la cuestión y de las herramientas de gestión
territorial, desde una perspectiva centrada en los derechos de la población.
2. En
ese modelo, es imprescindible fortalecer la capacidad estatal (provincial y
municipal) y de las organizaciones sociales para intervenir activamente en la remoción
de los factores que históricamente han generado exclusión social y deterioro
ambiental.
3. Resulta
indispensable que se confirme oficialmente la autoridad de aplicación en
relación a la Ley de Acceso Justo al Hábitat y la continuidad inmediata de los
proyectos de las organizaciones y municipios, planes y programas derivados de
la ley 14.449 dependientes de la ex Subsecretaría Social de Tierras como
también los que dependan del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos
Aires, sean financiados con fondos nacionales y/o provinciales.
4. Como
establece la LAJH, es urgente poner en marcha una política de integración
social y urbana de las villas y asentamientos bonaerenses donde se concentran
las peores vulneraciones de derechos. Pero esta problemática no se resuelve si
al mismo tiempo la política urbana está regida por los negocios inmobiliarios
que aumentan especulativamente los precios del suelo y además no se lleva a
cabo una estrategia a gran escala de producción social de suelo urbanizado que
evite la informalidad como única salida de los pobres para habitar.
5. Es
necesario abrir un amplio debate público sobre estas cuestiones y sobre las
características que debe tener la política bonaerense. Para ello se creó el
Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat que ha resultado ser un canal de
interlocución pluriactoral democrático. Aunque el gobierno provincial reniegue
de dialogar, las diferentes entidades y organizaciones reiteran su disposición
a contribuir con su práctica y su conocimiento a un debate sobre la
construcción de una política innovadora.
6. Reivindicamos
la tarea de los trabajadores estatales (administrativos, técnicos y
profesionales) de los organismos mencionados, reclamando su continuidad y
estabilidad laboral
De esta manera nos comprometemos
a trabajar juntos por lograr el territorio que nos merecemos; un territorio que
sea socialmente inclusivo, espacialmente integrado, económicamente equitativo,
ambientalmente sostenible y democráticamente gestionado.
Multisectorial por un
Hábitat Digno
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