A un mes del nuevo gobierno del Pte Mauricio Mácrí compartimos nuestro análisis y toma de posición.
Madre Tierra - Enero de 2016
Nuestro país ha comenzado a atravesar cambios muy profundos. Desde
Madre Tierra los contemplamos con preocupación, motivo por el cual compartimos
con Uds. este breve análisis.
A nivel de contexto regional observamos en varios países de Latinoamérica
la presencia de modelos políticos de corte conservador-liberal. Así, salvo los
gobiernos de Bolivia y en menor medida Ecuador, que siguen de alguna forma
sosteniendo de avances en políticas de Derechos Humanos (y su implementación con
medidas concretas) para lograr igualdad de oportunidades en el conjunto de la
sociedad, en el resto de la región se registra un marcado retroceso.
En Argentina se realiza por primera vez, en noviembre de 2015, una
elección presidencial a través del sistema de ballotage, entre las dos primeras
minorías que no habían alcanzado los guarismos necesarios para imponerse en
primera vuelta. La elección fue muy reñida: 51,2% para el ganador y 48,8 para
el otro candidato, (hasta el momento oficialismo).
La alianza “Cambiemos” se impuso a nivel nacional, así como también en
diferentes provincias, (entre ellas la Pcia de Bs As), y en un importante
número de municipios. La misma contó con el apoyo expreso de sectores empresariales
y del poder de los medios de comunicación concentrados. Mauricio Macri fue
elegido como presidente de la Nación, y María Eugenia Vidal como gobernadora de
la Provincia de Buenos Aires. Ambos gobernantes han conformado gabinetes ministeriales
en los que designaron en puestos estratégicos a referentes de corporaciones
empresariales.
Analizando las medidas de gobierno tomadas durante el primer mes de
gestión observamos con preocupación que varias de ellas van en detrimento de
las familias más humildes, ya que podrían dificultar su acceso a derechos y
beneficios asegurados en los últimos años a través de diferentes políticas y
programas.
A nivel institucional, en poco más de un mes, el nuevo presidente dictó una serie de decretos que permiten vislumbrar las nuevas políticas, violando
algunos de ellos leyes e instituciones
de nuestro país, ya que las medidas tomadas hubieran exigido la intervención
del Congreso nacional.
Entre ellos se encuentra el
nombramiento de 2 Jueces de la Corte Suprema de Justicia (en nuestro país, los
miembros del máximo Tribunal de la Nación son elegidos por el Presidente y el
Senado); por presión de la comunidad ha debido suspenderse el juramento de ambos
jueces momentáneamente, e iniciar el recorrido estipulado por la ley para la
presentación de las postulaciones.
Otro decreto modificó las leyes de medios y telecomunicaciones,
haciendo desaparecer la AFSCA[1] y la
AFTIC[2]: ya no
habrá topes a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de
cable, y se eliminan las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por
cable, radio y TV abierta. Esto pone en riesgo la subsistencia de medios de
comunicación locales, comunitarios y cooperativos, atentando además contra la
libertad de expresión, e impidiendo que la ciudadanía pueda escuchar
multiplicidad de voces y opiniones.
Como efecto de las primeras medidas económicas se ve una concentración
del ingreso en determinados sectores, una disminución del poder adquisitivo de
un vasto sector de la sociedad y una caída del consumo. Se ha realizado un
rotundo giro hacia políticas económicas ortodoxas de corte liberal, luego de más
de una década de heterodoxia.
Se produce una devaluación de la moneda nacional del 40%, pasando el
dólar de valer $ 9,50, a $ 14,00 promedio. Simultáneamente, se quitan las
retenciones al trigo, maíz y todos los productos del agro, y se reducen un 10%
las retenciones a la soja, produciéndose una enorme transferencia de recursos
del sector público a los sectores agropecuarios concentrados de la economía.
En los primeros días de gobierno el Estado nacional ha aumentado el
endeudamiento externo, lo que implicará un aumento sustancial en la carga de
intereses en el Presupuesto Nacional, que será seguramente subsanada con el llamado
“achicamiento” del Estado, el recorte de las políticas sociales y el ajuste
sobre los sectores trabajadores.
Al mismo tiempo se registra un fuerte aumento de precio en los
productos de la canasta básica, y el programa de “precios cuidados” (una lista
de 500 productos de consumo indispensable) se ve reducido a 300 productos, los que
a su vez sufren aumentos, y se retiran de la lista carne y vegetales.
Se ha anunciado el retiro del sistema de subsidios a las tarifas de
servicios de gas y luz, y al mismo tiempo el aumento de las mismas.
El Ministro de Hacienda ha anunciado que, de no cerrar las paritarias
con aumentos que orillen el 25% se producirán despidos (en tanto que la
devaluación fue cercana al 40%), poniendo en riesgo la existencia de paritarias
libres, institución que en estos años el poder defendió el salario de los
trabajadores y mantuvo el poder adquisitivo de la población.
Se levantan las trabas a las importaciones, poniendo en riesgo la
recientemente fortalecida industria nacional.
En el caso de que se pusiera fin
a programas tenidos por la
población como derechos adquiridos por más de 10 años, esto implicaría, además
del perjuicio de dar marcha atrás con los beneficios que conllevan la
aplicación de dichos programas, el despido de decenas de miles de empleados del
Estado en diferentes estamentos (nacional,
provincial, municipal y entes
descentralizados).
Se está produciendo una unificación del discurso de los medios de
comunicación en una nueva forma de “pensamiento único”, técnico y
despolitizado. Se está planteando una aparente concordancia sin conflictos
sociales, que implica que quien disiente es un “agitador” y no una persona que
reclama por sus derechos. Han dejado de emitirse la mayor parte de los
programas de radio y televisión que proponían un punto de vista distinto al
neoliberalismo.
En pocos días asistimos azorados a la represión de movilizaciones y
protestas que estallan espontáneamente para defender los puestos de trabajo.
En la Ciudad de Buenos Aires será necesario exponer el Documento
Nacional de Identidad cuando así lo solicite la Policía sin motivo previo
alguno, pudiendo ser demorada aquella persona que no lo haga, medida que nos
remite a los años de la dictadura militar ejerciendo violencia institucional . En este mismo sentido se ha decretado la
emergencia en seguridad a nivel nacional y el armado de un protocolo que regule
la protesta social, alertándonos sobre posibles medidas represivas ante el
conflicto social que irá en aumento en los próximos meses.
Gran parte de la población se manifiesta en contra de las medidas
implementadas, y día por medio hay movilizaciones que las repudian; con un alto
nivel de conciencia se convoca, (en muchos casos vía redes sociales), a marchas
y actos de repudio. En ellas se exige la continuidad de las políticas de
derechos humanos, sociales, laborales y culturales, la convocatoria a sesiones
extraordinarias del congreso, la libertad de expresión y de circulación de
información.
La nueva tasa cambiaria será favorable para el desarrollo de proyectos
inmobiliarios de “alta gama” como los “countries” y los “barrios cerrados”, generando
una mayor rentabilidad; al mismo tiempo significará un aumento de los precios del
suelo, dificultando así el acceso a un lugar donde vivir a un gran sector de la
población.
En este contexto, Madre Tierra considera que el
presente gobierno nacional está claramente identificado con las ideas neoliberales
o neo conservadoras, cuyas consecuencias negativas para el pueblo trabajador y
en particular para los más pobres ya han sido demostradas y comprobadas en la
década del 90 en nuestro país.
Vemos con preocupación el giro que han tomado las políticas públicas
en todos los órdenes, iniciándose un proceso de reformas estructurales que
implicarán una concentración de la riqueza en determinados sectores
minoritarios, un aumento de la población en situación de pobreza y una perdida
en el acceso a derechos. Las políticas que se intenta implementar solo podrán
ser sostenidas a través de la desinformación y la represión social.
Hubiera sido deseable que la nueva gestión de gobierno reconociera los
avances en materia de derechos de la última década y que, partiendo de ese
piso, se abocara a profundizar y a
mejorar los aspectos que quedaron pendientes. Las señales dadas hasta el
momento van en la dirección contraria.
Renovamos nuestro compromiso con la construcción de una Patria democrática
y socialmente justa, que defienda su soberanía política y construya junto al
pueblo trabajador la independencia económica. Cotidianamente seguiremos haciendo
todo lo que esté a nuestro alcance para acompañar a las organizaciones
populares en su lucha por el derecho a la tierra y a la vivienda.
[1] Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Organismo descentralizado y
autárquico creado a partir del artículo 10 de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
[2] Autoridad Federal de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Organismo plural y
democrático creado por la Ley 27.078 “Argentina Digital”. Asegura el desarrollo de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el país.
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