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Nuevos muros

Endurecimiento, revisión, restricción, detención y expulsión  son algunas de las palabras con las que puede resumirse el decreto que esta semana el gobierno nacional publicó para modificar la política migratoria.  Un retroceso en las políticas migratorias que significa, además una estigmatización del migrante latinoamericano, asimilándolo a un delincuente por su sola condición de migrante: Si es peruano, boliviano o paraguayo ya se lo pensaría como sospechoso de cometer un delito.
¿Qué datos se usaron? El propio decreto 70/2017 -publicado el 30 de enero pasado- en sus fundamentos intenta explicar que la “urgencia” del mismo (sin pasar por el Congreso Nacional como debería pasar cualquier Ley) radica en “recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento”. Luego explica que en 2016 los extranjeros detenidos en el Servicio Penitenciario Federal fueron un 21,35% del total. Sin sumar los datos generales de todos los detenidos del país.  
Datos del propio Ministerio de Justicia de 2015 detallan que en todo el Sistema Penitenciario Federal (SPF) hay 10.274 personas presas, y en la Argentina en su totalidad, las personas detenidas en cárceles son 71.464 personas. De este total, casi 4500 son extranjeros, es decir, sólo el 6 % de todos los presos del país.
A pesar de estos datos, el decreto continúa con esta asociación del delito a la inmigración y sostiene que “en relación a los delitos vinculados a la narco criminalidad, se observa que el 33% de las personas bajo custodia del SPF son extranjeros”. Esto significaría que la población extranjera detenida “por infracción a la Ley N° 23.737 –Ley de Estupefacientes- está altamente representada entre los detenidos”. Los datos esgrimidos para modificar la legislación vigente se basa en que existen 1420 personas extranjeras (el 0.08 % del total de extranjeros)  que están presas por delitos vinculados al narcotráfico; sin embargo el porcentaje de argentinos presos por este delito es mayor (0,17 % de los argentinos está preso por este delito). Por cada extranjero que cometió un delito relacionado con el narcotráfico hay casi 5 argentinos. “La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Entre las muchas modificaciones que plantea el decreto hay que observar algunas en especial para entender el alcance del retroceso: por ejemplo, se podrá cancelar la residencia de los extranjeros condenados “aunque dicha condena no se encuentre firme” y se considera antecedente a “todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable”.
Cabe recordar que en diciembre pasado el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mostró inquietud por la discriminación de los migrantes, y pidió detalles sobre la posible implementación de un centro de detención de migrantes.  


Migrar es un derecho.

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