Nuevos
muros
Endurecimiento,
revisión, restricción, detención y expulsión son algunas de las palabras
con las que puede resumirse el decreto que esta semana el gobierno nacional
publicó para modificar la política migratoria. Un retroceso en las políticas
migratorias que significa, además una estigmatización del migrante
latinoamericano, asimilándolo a un delincuente por su sola condición de
migrante: Si es peruano, boliviano o paraguayo ya se lo pensaría como
sospechoso de cometer un delito.
¿Qué
datos se usaron? El propio decreto 70/2017 -publicado el 30 de enero pasado- en
sus fundamentos intenta explicar que la “urgencia” del mismo (sin pasar por el
Congreso Nacional como debería pasar cualquier Ley) radica en “recientes hechos
de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento”. Luego explica
que en 2016 los extranjeros detenidos en el Servicio Penitenciario Federal fueron
un 21,35% del total. Sin sumar los datos generales de todos los detenidos del
país.
Datos
del propio Ministerio de Justicia de 2015 detallan que en todo el Sistema
Penitenciario Federal (SPF) hay 10.274 personas presas, y en la Argentina en su
totalidad, las personas detenidas en cárceles son 71.464 personas. De este
total, casi 4500 son extranjeros, es decir, sólo el 6 % de todos los presos del
país.
A pesar
de estos datos, el decreto continúa con esta asociación del delito a la
inmigración y sostiene que “en relación a los delitos vinculados a la narco
criminalidad, se observa que el 33% de las personas bajo custodia del SPF son
extranjeros”. Esto significaría que la población extranjera detenida “por
infracción a la Ley N° 23.737 –Ley de Estupefacientes- está altamente
representada entre los detenidos”. Los datos esgrimidos para modificar la
legislación vigente se basa en que existen 1420 personas
extranjeras (el 0.08 % del total de extranjeros) que están presas
por delitos vinculados al narcotráfico; sin embargo el porcentaje de argentinos presos por este delito es mayor (0,17 % de los argentinos está preso por
este delito). Por cada extranjero que cometió un delito relacionado con el
narcotráfico hay casi 5 argentinos. “La
concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la
preocupación que tiene nuestro país”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich.
Entre
las muchas modificaciones que plantea el decreto hay que observar algunas en
especial para entender el alcance del retroceso: por ejemplo, se podrá cancelar la residencia de los extranjeros condenados
“aunque dicha condena no se encuentre firme” y se considera antecedente a “todo
auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto
procesal equiparable”.
Cabe
recordar que en diciembre pasado el Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mostró inquietud
por la discriminación de los migrantes, y pidió detalles sobre la posible
implementación de un centro de detención de migrantes.
Migrar es un derecho.
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