Ir al contenido principal
Comunicado conjunto
Una Corte para la democracia: grave retroceso institucional

La decisión del Poder Ejecutivo Nacional de cubrir las vacantes en la Corte Suprema por medio de nombramientos “en comisión” y sin el acuerdo del Senado de la Nación, representa un avance indebido del poder ejecutivo en el nombramiento de jueces de la Corte Suprema; contraría los principios definidos por la Corte Suprema de Justicia en los últimos fallos para asegurar la estabilidad e imparcialidad de los jueces; y constituye un grave retroceso en los mecanismos de participación popular para la evaluación de los candidatos.

La independencia, imparcialidad y legitimidad de la Corte Suprema resultan gravemente afectadas si sus integrantes son designados por decreto, sin discusión pública previa y sin acuerdo del Senado. Además de los problemas relacionados con la legitimidad de esta forma de designación –en la que sólo intervino el Presidente–, los jueces designados en comisión no contarán con las garantías constitucionales mínimas para ejercer su trascendental rol, en particular su tarea de evaluar la validez de los actos y decisiones de los demás poderes del Estado, dado que su estabilidad se encontrará sujeta a la aprobación de sus pliegos. Esta precaria situación les impide ejercer su rol con imparcialidad, afecta la división de poderes, y los hace pasibles de presiones de los demás poderes del Estado.

Han transcurrido ya más de diez años desde que seis ONG* se reunieron en el colectivo “Una Corte para la Democracia” con el objetivo de promover reformas para mejorar el funcionamiento del Máximo Tribunal judicial de la Nación y de dotar de credibilidad a un Tribunal cuya legitimidad –institucional, política y social– había caído a niveles bajísimos durante la década de los noventa. Ese proceso culminó con la producción de tres documentos que sirvieron como bases para las posteriores reformas normativas que fueron sucediéndose.

En uno de los documentos, se destacó, por un lado, la necesidad de reformular el proceso de designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fundamentalmente a través de la autolimitación del Presidente de la Nación en el proceso de nominación de candidatos/as a Juez/a de la Corte y en la fijación de criterios de selección. Por otro lado, se señaló la importancia de modificar el proceso de aprobación de los pliegos en el Senado. Esos lineamientos constituyeron un fundamento determinante para la consecuente sanción del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 222/03, que indica el procedimiento para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien el decreto dispone que se abra el trámite de consulta sobre los candidatos desvirtúa el propósito del mecanismo de participación ya que la convocatoria se realiza luego del nombramiento.

La integración de la “nueva Corte”, que se conformó sobre dicha base reglamentaria, constituyó durante estos años uno de los consensos sociales y políticos más destacados por los partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil. Quizás como pocas otras cuestiones de relevancia institucional este tema reunió el consenso mayoritario, puesto que permitió elevar la calidad técnica de los pronunciamientos judiciales, democratizó el debate sobre sus miembros y condujo a una integración ideológica, técnica y políticamente plural con capacidad para producir agenda y debates públicos de relevancia.

Frente al escenario político mencionado, las ONG abajo firmantes denunciamos y alertamos las graves consecuencias que, para la calidad institucional, acarrea una decisión de este tenor. Por tales motivos, consideramos esperable que, en este contexto, los candidatos propuestos rechacen la designación para ocupar dichos cargos. Asimismo, instamos al Poder Ejecutivo Nacional a que reconsidere su decisión de realizar nombramientos de jueces de la Corte Suprema en comisión, y a que cumpla con el procedimiento regular de nominación. Por último, solicitamos al Congreso de la Nación que sancione una Ley Nacional que recoja los principios y directrices de dicho decreto.  

Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Asociación Pensamiento Penal (APP)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
Fundación Poder Ciudadano
Unión de Usuarios y Consumidores 


---- 
*Dicha coalición estuvo integrada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Poder Ciudadano, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Unión de Usuarios y Consumidores. 



Centro de Estudios Legales y Sociales
consultas@cels.org.ar / www.cels.org.ar

Comentarios

Entradas populares de este blog

MESA PROVINCIAL DE TIERRA – MOCASE (MOVIMIENTO CAMPESINO DE SANTIAGO DEL ESTERO)

URGENTE: La justicia que desaloja y mata a las familias campesinas
En la tarde de hoy lunes 22 de octubre del 2018 falleció el compañero Héctor Reyes Corvalan, permanecía internado desde el 12 de octubre cuando fuera violentamente desalojado de su tierra. Lucho por su tierra, por su vida y su familia en estos últimos días con toda la fuerza que tenía.

 El compañero Héctor Corvalan con sus 56 años es otra víctima más junto a aquellos compañeros y compañeras que entregaron su vida en la “lucha por la tierra en Santiago del Estero”. Recordamos que la orden que dio lugar al desalojo y a los hechos que determinaron la muerte del compañero campesino fue ordenada por la Dra. María Cecilia Paskevicius Juzgado Civil de Tercera Nominación, y ejecutado por la Policía de la Comisaria de El Mojón con el Oficial Inspector José Francisco Corvalan, el Oficial Ayudante Leonel Moreno, Cabo 1ro Roberto Corvalan, División de Prevención de Nueva Esperanza, el Agente Roldan y otros, en total de diez (10) p…
Estado sí. violencia, no.
Imposible no conmoverse. Imposible no cuestionarse ¿hasta cuándo? ¿hasta dónde?La situación es inaceptable. ¡Estamos hablando de muerte! ¡Estamos hablando de torturas! a docentes e integrantes de la comunidad educativa de Moreno. Sandra, Rubén, Corina, las familias de cada uno, las y los estudiantes de cada escuela son las caras de tanto dolor, de tanta tristeza, de tanta impotencia.
Así como expresamos nuestro acompañamiento y solidaridad para con la comunidad de la Escuela 49 de Moreno, hoy expresamos nuestro más firme repudio a las amenazas y al secuestro que se han ejercido sobre el equipo del CEC 801.
Vivimos inmersas-os en el sistema capitalista y patriarcal. Resistimos, luchamos, visibilizamos, nos organizamos. Pero el sistema contraataca con mucha violencia. Y esa violencia recae siempre sobre las y los más pobres y sobre las mujeres.
Lo que sucede no pasa porque sí. Tiene causas y responsables. Corina y sus compañeras ponen el cuerpo -se exponen- y org…

Foro Feminista contra el G20

Entre el lunes y el martes últimos se desarrolló en una carpa instalada frente al Congreso de la Nación el Foro Feminista contra el G20, colectiva que integramos desde Madre Tierra.
En el marco del Foro, se señaló la farsa del W20/ Mujeres 20 que sesiona actualmente en forma simultánea en la Ciudad de Buenos Aires, al denunciarse los planes de ajuste estructurales que se vienen aplicando en países como Argentina, recientemente se vieron reforzados por la toma de deuda con el FMI: “Las políticas neoliberales que promueven los países que integran el G20 están lejos de dar respuestas reales a las desigualdades de clase, sexo, género y raza /etnia”.
“Desde la resistencia activa, mujeres, lesbianas, bisexuales, personas no binarias, travestis y trans en situación de migración, rurales, con distintas edades, culto, etnias y razas, nos movemos y construimos alternativas que priorizan la sostenibilidad de nuestras vidas, a través de prácticas de formación y propuestas de políticas públicas q…